El Paquete de Maduro.

En Venezuela, el vocablo paquete además de su uso normal refirió al conjunto de medidas tomadas en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez para enfrentar las dificultades económicas de la época caracterizada por una inflación estructural que rondaba los dos dígitos bajos, estancamiento económico y la pérdida de reservas internacional que apenas soportaba algo más de un mes de importaciones. El programa de aquel entonces contemplaba reestablecer los equilibrios económicos a través de las siguientes medidas: liberación de los precios de los bienes y servicios regulados a través de controles de precios, liberación de las tasas de interés procurando tasas reales positivas, sinceración de las tarifas de los servicios públicos, por lo general atendidos por el Estado y con tarifas subsidiadas, incremento del precio de la gasolina, reducción del tamaño del estado a través de un programa de privatizaciones de empresas públicas, incrementos de los ingresos del sector público a través de la implantación del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Activos empresariales, liberación del mercado cambiario y apertura comercial con la reducción de aranceles y la eliminación de las barreras para-arancelarias. Este conjunto de medidas, junto con la reforma del Estado fue lo que el gobierno de aquel entonces denominó como El Gran Viraje, pero que la población comenzó a llamar el paquete económico (aludiendo a que eran muchas medidas) y a su principal propulsor le dio el mote de Miguel “paquetico” Rodríguez.

A pesar de las dificultades iniciales (el levantamiento popular conocido como “El Caracazo” tuvo como detonante los incrementos del pasaje como consecuencia del incremento del precio de la gasolina, la inflación en primer año alcanzó el 80% anual), el programa tuvo relativo éxito. A los dos años de la puesta en marcha el programa de ajuste la economía crecía y la inflación se reducía, las reservas internacionales se fortalecieron y la venta de la empresa telefónica Cantv se convirtió en un símbolo al venderse a un precio muy superior a las expectativas del momento. Sin embargo, la población se resintió de los efectos iniciales del plan, la desigualdad social se incrementó, muchas empresas quebraron al no poder competir con productos foráneos. Finalmente el intento de golpe de estado y el incremento del riesgo país, elevaron las tasas de interés haciendo imposible la inversión privada, la salida de Miguel Rodríguez del gabinete y finalmente la destitución de Carlos Andrés Pérez terminó con el llamado Gran Viraje.

Ahora con una situación muchísimo más grave que la que diera lugar al Gran Viraje, en plena espiral inflacionaria, que el Fondo Monetario Internacional advierte que pudiera cerrar el año con la cifras de 1.000.000% en los incrementos de precio, con una economía que se ha reducido en más de la mitad en los último cuatro años, una población empobrecida y en fuga, con el país en riesgo de inmovilizarse por los problemas de transporte público, y sin efectivo para poder realizar las operaciones de menudeo, el gobierno decide implementar lo que el eufemísticamente llama “Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”.

El conjunto de medidas son las siguientes:

1. Reconversión monetaria y emisión de un nuevo cono monetario: Medida necesaria en toda economía hiperinflacionaria que tendría dos objetivos: facilitar los cálculos tanto contables como en las operaciones diaria, al reducir los montos de intercambio al eliminar 5 ceros a la moneda y con la emisión de nuevas monedas y billetes aliviar el déficit de efectivo que sufre la población. La medida establece una unidad monetaria mínima con una moneda de valor facial de BsS de 0,5 equivalentes a BsF. 50.000 y un máximo de Bs.S. 500 equivalente a Bs.F. 50.000.000

2. Las políticas anti-inflacionarias: El intento de equilibrar los precios está contenida en dos propuestas: la primera anclar la emisión de circulante a la cantidad de Petros existentes en la economía mundial y la segunda fortalecer las reservas internacionales a través de la de entregar, a través de Pdvsa, del Bloque Ayacucho II de reservas petroleras certificadas, consistente en 29 mil 298 millones de barriles petroleros certificados.

3. La política cambiaria: Consiste en la despenalización de la compra de divisas por parte de particulares y empresas.

4. Estímulo a las inversiones: Con la exención de los impuestos de importación de materias primas, repuestos y bienes de capital.

5. Política sectorial de transporte: De la cual solo menciona que habrá un censo de vehículos de terrestre y que debe vincularse esta actividad a la tenencia del carnet de la patria.

6. Incremento del precio de la gasolina.

Examinemos brevemente estas decisiones:

1. La reconversión monetaria y la emisión de nuevos billetes surge como una decisión absolutamente necesaria para facilitar la contabilidad y los cálculos en las transacciones comerciales. Sin embargo, detrás de esta medida se encuentra un verdadero ajuste, cuando la mínima unidad monetaria será de Bs.S. 0,5, es decir Bs.F. 50.000. Eso en la práctica significaría un incremento en los precios de la gasolina, los servicios públicos y del transporte colectivo al ajustarse a lo mínimo que se puede cobrar, es decir Bs.S, 0,5. De momento el gobierno como medida temporal, ha permitido la existencia del cono monetario vigente, precisamente para evitar el alza desmedida en estos rubros. Por otra parte, los potenciales beneficios de la reconversión, depende del éxito de la política anti-inflacionaria, ya que de no resultar, en pocos meses, estaremos en una situación similar o peor que la que vivimos actualmente.

2. Anclar la moneda en el Petro, es el intento de realizar una caja de conversión, “similar” a las que permitieron contener la inflación en Argentina o en Nicaragua. Una caja de conversión es un compromiso de emitir solamente la cantidad de dinero respaldada por activos externos, que en esos casos fueron los dólares disponibles en sus respectivas Bancos Centrales. Ahora bien, cuando en Argentina se estableció la caja de conversión, los poseedores de pesos argentinos sabían que tenían un monto equivalente en dólares con el cual podían realizar las operaciones en el mercado internacional. En el caso venezolano, una persona natural al adquirir un bolívar este tendría su equivalencia en petro y a su vez el petro tendría su equivalencia en alguna divisa, esto estaría bien si el gobierno no tuviera control de la emisión de la “Criptomoneda” Petro. Pero al ser el mismo gobierno el emisor, no existe ninguna garantía que el gobierno incremente la emisión de Criptomonedas a fin de seguir monetizando la economía, único mecanismo que el gobierno ha conseguido para pagar sus compromisos internos. Por otra parte, habría que ver hasta qué punto el incremento de las reservas por la entrega de campo petrolero, permitirá al gobierno venezolano generar confianza en los mercados internacional para reducir el índice de riego país y permitir el acceso del gobierno al crédito internacional.

3. Hasta los momentos ha sido bien recibida por los agentes económicos la despenalización del mercado cambiario. Esto significa que cualquier particular podría acceder a una casa de cambio y cambiar cualquier cantidad de divisas al precio del cambio del día. Sin embargo, hasta el momento todo apunta a un cambio dual de divisas, es decir, unas divisas subsidiadas para las importaciones que el gobierno considere esenciales, y adonde irán a para la mayor parte de las divisas disponibles y un mercado paralelo legal, que en ausencia de oferta de divisa, seguirá incrementándose.

4. El gobierno yerra al pensar que la ausencia de inversiones en el país ocurre por la creencia de los inversionistas se debe a la poca rentabilidad de la inversión y que por tanto, si esta se abarata reduciendo el pago de importaciones, estas se incrementarían. La realidad es otra, los agentes económicos internacionales no invierten por la ausencia de reglas claras, por la asfixia regulatoria, porque no depende de los empresarios las políticas de precios, distribución, o de retiro de personal, así como la inexistencia de un mercado, dada la abrupta caída del poder de compra de los consumidores venezolanos. En lugar de exenciones impositivas lo que convendría es un amplio programa de libertades económicas, hoy totalmente ausentes.

5. Con relación al tema del transporte. El problema fundamental es la mengua de unidades de transporte, tanto público como particular, debido al incremento de los costos de los repuestos. En el caso del transporte público las tarifas no cubre los costos, en el caso de los particulares la pérdida del poder adquisitivo es la causa principal. Ante la imposibilidad en el corto plazo de recuperar los salarios reales y de ajustar las tarifas de transporte público, el gobierno opta por la vía del subsidio. En este caso, el censo de vehículos suena como una medida acertada, ya que si bien, el gobierno debe conocer la magnitud del parque automotor, no es de su conocimiento el estado actual de ese parque, es decir cuántos vehículos se encuentran operativos y cuál es la condición de los vehículos en circulación. Sin embargo cuando vinculan el censo a la obligatoriedad de inscribirse en el registro del carnet de la patria, de alguna manera promueve a la autoexclusión de quienes no se sienten identificados con el gobierno y por tanto imposibilitados de los posibles beneficios de un programa de subsidio de vehículos.

6. La última medida, tomada semanas después de los primeros anuncios, revelan la intención del gobierno de incrementar el precio de la gasolina y ubicarla a valor de los “precios internacionales” pero con un precio subsidiado para aquellos que estén registrado en el carnet de la patria. Por un lado, hay que reconocer la necesidad del ajuste de precio y en principio, en otras circunstancia económicas, sería una medida normal, vender la gasolina a un precio que permita a los gobiernos aprovechar las ganancias para la producción de bienes públicos y a su vez evitar el contrabando. Sin embargo, el gobierno reconoce la imposibilidad de la mayor parte de los venezolanos de poder adquirir la gasolina a precios internacionales y por tanto prefiere generar un sistema dual de precios, el cual traerá como consecuencia, la corrupción en el mercado interno (ya en las fronteras es rutinario), generación de un mercado negro de la gasolina con el consabido riesgo para los comerciantes (manejo de productos altamente volátiles sin las condiciones de seguridad requerida), aumento de la asimetría de información de los consumidores (por ejemplo gasolina mezclada con agua u otros componentes usados para rendir la gasolina). Otro mecanismo sería una compensación por el lado de los ingresos para los poseedores de los vehículos. Es este caso, no hay ninguna garantía que sea utilizado solamente por los poseedores de vehículos o de quien pueda acceder al sistema. En cualquier caso, el sistema tenderá a corromperse.

Conclusión:

El “Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica” no es un programa estructurado para generar los equilibrios económicos, sino por el contrario tiene todas las características de un experimento, sin ninguna garantía de éxito, y que por el contrario, parece incrementar aún más las distorsiones de la economía nacional.